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01 octubre 2015

A la cárcel dos jueces por pedir dinero a cambio de liberar a detenidos

Los funcionarios eran jueces itinerantes en Mérida y junto a un abogado le habría exigido dinero a familiares de cinco detenidos por contrabando de alimentos y otros productos.

EL UNIVERSAL
jueves 1 de octubre de 2015  05:26 PM
 
Caracas.- Los jueces itinerantes de El Vigía (Mérida), Carlos Luis Serrano Contreras y Juan Carlos Alviares Villamizar, así como para el abogado Elisandro Meza Méndez, permanecerán detenidos preventivamente mientras el Ministerio Público los investiga por presuntamente solicitar y recibir dinero a cambio de otorgar la libertad a cinco personas involucradas en casos de contrabando.

La información la suministró el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz, en un comunicado, en el cual reveló que durante la audiencia de presentación los fiscales Marijose Futrille y Alexis Sánchez imputaron a los tres hombres por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia agravada continuada y asociación para delinquir.

En el caso de los dos jueces también fueron imputados por legitimación de capitales.

El Tribunal 7 de Control de Mérida decidió que los tres detenidos permanecerán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en esa región andina; y adicionalmente les congeló sus bienes y cuentas bancarias; les incautó los vehículos a los jueces y le confiscó de 50 mil bolívares en efectivo hallados en la casa de Alviares Villamizar.

De acuerdo con la investigación preliminar, el pasado 26 de agosto varios familiares de detenidos por contrabando acudieron a la Fiscalía Superior de Mérida a denunciar que los jueces y el abogado estaban solicitándoles dinero a cambio de otorgarle la libertad a sus allegados.

De inmediato, se practicaron varias diligencias y se logró determinar la vinculación de los tres hombres con los hechos señalados, puesto que las víctimas ya habrían pagado más de un millón 300 mil bolívares.

También se logró corroborar que los jueces itinerantes poseen vehículos y otros bienes muebles e inmuebles que no pudieron justificar respecto a su situación patrimonial.